Consorcio del aeródromo de Chiloé gana batalla contra el Fisco

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó a mediados de octubre la sentencia que acogió parcialmente la demanda presentada contra el Fisco por los mayores costos que implicó la construcción del aeródromo de Mocopulli, en Chiloé.

El consorcio integrado por Aguas Santa, Kodama y Edeco se adjudicó la ampliación del aeródromo durante el primer gobierno de Bachelet, con un presupuesto que en ese entonces alcanzaba los $ 15.719 millones.

Sin embargo, cuando ya se estaban ejecutando las obras, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) –en el primer gobierno de Piñera- solicitó obras mayores, dado que las bases de licitación no coincidían con el proyecto que se quería hacer, que era pasar de un aeródromo con vuelos de carga a uno con capacidad para vuelos comerciales.

Esto implicó que el presupuesto subiera hasta $ 20.550 millones, alza de 30%, justo en el límite de lo que puede negociar la autoridad con un privado sin tener que hacer una nueva licitación.

El problema está en que, a juicio del consorcio, quedaron obras que no fueron cubiertas por esos montos extras, por lo que acudió hasta el Noveno Juzgado Civil de Santiago, asesorado por José Pedro Baraona del estudio Larrain y Asociados, que interpuso dos demandas.

La primera, por mayores gastos generales derivados de una alteración del programa de trabajo, que a su vez, se debió a la realización de las obras adicionales que solicitó el Estado una vez que ya había comenzado la construcción. Y segundo, el no pago de esas obras adicionales. En total, una compensación por $ 1.146 millones.

En primera instancia el consorcio ganó la disputa, y en agosto de 2018 el Fisco fue hasta la Corte de Apelaciones. Ahí se fijaron pagos por $ 450 millones por el reconocimiento de las obras adicionales impagas –que incluyen la pavimentación de la pista de aterrizaje, instalación de un desagüe y despegue de tacones-, más intereses y reajustes, además de otros $ 660 millones por gastos generales.

Ante la Suprema -que está comenzando a ver el caso, por lo que una resolución no se conocería antes de un año-, el MOP apuntó su reclamo solo contra los gastos generales.

Por su parte, el consorcio también recurrió de casación en el fondo, para solicitar que los intereses y reajustes se paguen desde la recepción de las obras (junio de 2012) y no desde que se interpuso la demanda en 2015.

Respecto del terminal aéreo, finalmente no se construyó la infraestructura necesaria que permita mayor presencia de vuelos comerciales, por lo que se contempla una nueva ampliación de 5.000 m2 que estaría lista a fines de 2022.